El gobierno español ha establecido un marco legal siguiendo las Directrices Europeas sobre política energética con los objetivos de mejorar la eficiencia energética, garantizar un suministro eléctrico de calidad a todos los consumidores y proteger el medio ambiente, compuesto por una serie de leyes y reales decretos que establecen y sistematizan entre ellas las condiciones legales, técnicas y económicas de las instalaciones fotovoltaicas con conexión a red.
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